Este artículo analiza algunos aspectos del caso Alvarado Espinoza y otros, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabiliza a México, entre otras violaciones de derechos humanos, de desapariciones forzadas a finales de 2009 en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. Tras explicar la asunción de jurisdicción y cómo se produjeron las desapariciones, se analiza la posición de Realpolitik del Estado y la doble teleología de las interpretaciones de la propia Corte y de los representantes de las víctimas. Finalmente, se señala la necesidad de teorizar sobre el contexto de ambigüedad en el marco de ese operativo, así como de discutir la factibilidad de eximentes o atenuantes como la obediencia debida o el miedo insuperable.

Universidad de Guadalajara