Con el transcurrir de los años el mercado de trabajo ha sufrido grandes transformaciones impulsadas por el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos. El mismo deriva, en parte, de la producción científica generada por un grupo específico de trabajadores cualificados, los investigadores, que, sin embargo, en nuestro país no habían visto modernizada su relación laboral de la misma manera. Por ello, la reciente Ley de la Ciencia trata de fomentar la insuficiente cultura investigadora que hasta el momento existe, haciendo más atractiva la salida profesional del titulado universitario hacia la investigación, con el convencimiento de que el auge en este sector es la solución a los problemas que ha originado la crisis económica y va a evitar su repetición en un futuro. Con este fin, la norma instaura tres nuevas figuras contractuales que pretenden mejorar las condiciones de trabajo de este tipo de personal y su consideración por la sociedad. El presente estudio se centra en analizar si estas modalidades del contrato de trabajo ayudan a alcanzar los objetivos fijados por la norma, salvando con ello el inconveniente de la falta de buenos investigadores dedicados al sector de I+D+i causado por unas desfavorables perspectivas de futuro en el mismo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas