El gran reto de los países es generar un sistema de seguridad social universal y obligatorio que permita prestaciones homogéneas sin importar si el trabajador presta un servicio en un esquema estructurado o autoempleado. Se deben definir las prestaciones básicas que permitan una plataforma de homogeneidad, como salud, vivienda y pensiones. El primero requiere de una infraestructura nacional, por lo que se considera el seguro de salud para la familia como un modelo válido para esta cobertura, y el seguro popular podría configurarse para que sirva de plataforma complementaria en el primer nivel de atención médica. En cuanto a la vivienda, en México se tiene el esquema de seguridad social que ofrece créditos a los trabajadores de acuerdo con la edad, el sexo y el monto de sus ingresos; esto se debe traspasar a otro instituto que opere para los trabajadores autoempleados. Respecto a las pensiones, las cuentas individuales permiten generar ahorro a tasas de mercado, y se acepta que en la actualidad se incorporen trabajadores independientes, pero si esto no se hace obligatorio los perjudicados serán los propios ahorradores. Todo ello necesita un control y eficacia en la recaudación, y sólo la Unidad de Incorporación y Cobranza del IMSS puede ofrecer la a nivel nacional.

Instituto de Investigaciones Jurídicas