La modificación constitucional para establecer un sistema de juicios orales en todo el país recibió, en su momento, avales legislativos —federal y locales— sin regateos. Aun así, el compromiso que necesita la reforma, desde diferentes órganos del Estado mexicano y la sociedad civil, para traducirse en una implementación exitosa, es significativo.La desafortunada coincidencia en el tiempo del mandato constitucional de transformar a la justicia mexicana y la mayor crisis de seguridad pública en nuestra historia moderna, le imponen a la puesta en marcha de la reforma mexicana un nivel de complejidad aún mayor.

Faculty of Law of National Autonomous University of Mexico