En la mayoría de los países, las contribuciones privadas al financiamiento de campañas son altamente restringidas e incluso están prohibidas, por lo que estas actividades se financian con fondos gubernamentales. Esto es la generalidad en Latinoamérica. En contraste, en países como Estados Unidos, Japón y Brasil, la mayor parte del financiamiento de campañas proviene de recursos privados. De cualquier manera, aun cuando el financiamiento sea de origen público o privado, el intercambio explícito de dinero por influencia política resulta ilegal en todos lados:  un recaudador que promete proveer una “aportación económica” a cambio de lograr una reforma a las leyes sobre algún asunto está involucrado en un soborno, y un político que sugiere que una corporación otorgue un “donativo” si ésta quiere evitar convertirse en víctima de una regulación que podría ponerlo fuera del negocio, está involucrado en extorsión. La prohibición legal sobre contrataciones explícitas entre políticos y potenciales financiadores de campaña significa que el contrato formal de financiamiento de campaña no puede existir.

Faculty of Law of National Autonomous University of Mexico