El Estado social configurado por la Constitución Española de 1978, es, en gran medida, el marco en el que se encuadra el derecho fundamental de asociación y, por ende, las diversas especificidades asociativas en el que éste se concreta, entre las que se encuentran las asociaciones de consumidores y usuarios. En ellas, el elemento asociativo se conjuga con la necesaria protección de un colectivo, el de los consumidores, que constitucionalmente se entiende como especialmente vulnerable. Esta inusual relevancia constitucional de las asociaciones de consumidores pone de manifiesto la importante función socio-económica que la Constitución Española les otorga. El objeto de este trabajo es analizar la peculiar naturaleza jurídica de las organizaciones de consumidores en España y definir la función constitucional que se les encomienda como instrumentos a través de los cuales se ejercita el derecho de asociación para alcanzar un fin de interés general, como lo es la protección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios.

Universidad de Guadalajara