Las figuras e instituciones jurídicas tienen que definirse en la norma a efecto de establecer cuál es su alcance de protección o limitación. Esas definiciones son las que deben ir cambiando según lo haga la realidad social o en su caso, establecerse de tal manera que sean lo más inclusivas, evitando violaciones a derechos humanos y prescindiendo así de frecuentes modificaciones que requieren del proceso legislativo; en caso de ser necesario, el estado, a través de sus órganos debe activar dicho proceso, buscando siempre la protección más amplia de las personas. La familia es un ejemplo de ello, pues actualmente sus diversas formas de integrarse han quedado rezagadas de la familia “tradicional”, lo que ha traído aparejadas resistencias al reconocimiento de sus derechos y su inclusión en las hipótesis normativas, siendo el mismo estado el que se niega, frente a una sociedad civil organizada que exige inclusión y respeto a sus derechos.

Universidad de Guadalajara