Los defensores de la jurisdicción universal afirman que ésta es una herramienta fundamental para ofrecer justicia a las víctimas, disuadir a oficiales estatales o cuasi estatales de cometer crímenes internacionales, y establecer un mínimo estado de derecho internacional al cerrar significativamente la “brecha de impunidad” para crímenes internacionales. Sus críticos argumentan que la jurisdicción universal perturba las relaciones internacionales, genera caos judiciales e interfiere con las soluciones políticas para las atrocidades en masa. Una de las cuestiones ausentes en este debate es el rol de los poderes políticos del gobierno, específicamente el poder ejecutivo y el legislativo. Al identificar los principales incentivos con los que cuentan estos poderes políticos para llevar adelante casos de jurisdicción universal y explicar las relaciones entre sus incentivos y desincentivos en este área, este artículo presenta un marco teórico que (1) explica el estado actual de la jurisdicción universal, (2) predice la probable evolución de la jurisdicción universal y (3) ofrece lo que debería ser el punto de partida para cualquier análisis normativo de la jurisdicción universal en un mundo no ideal, como también para el diseño institucional del régimen de jurisdicción universal.

Universidad Torcuato Di Tella