En estos últimos años, la Corte Suprema se ha concentrado en enfatizar el significado de las normas promulgadas no solo en casos que involucran la interpretación de leyes, sino también en casos que involucran la involucran la interpretación de la Constitcuón. Alguno podría decir que esta tendencia refleja meramente un acercamiento sensato a la interpretación de las normas. En un Gobierno de derecho, uno en el cual la gente y sus agentes le deben fidelidad a los textos promulgados democráticamente, sugerir que el trabajo de un intérprete implique determinar lo que los textos significan para una persona razonable – uno familiarizado con nuestras convenciones lingüísticas- parecería razonable. De hecho, se llegaría a la misma conclusión si se creyera (como no hacemos) que lo que es necesario interpretar es lo que los legisladores quisieron decir en vez de lo que las palabras expresan: Se debería poner el foco sobre el modo en el que un legislador razonable – uno que esté familiarizado con nuestras convenciones sociales lingüísticas – habría entendido el lenguaje legal elegido. Mientras esta tendencia en general ha ganado aprobación entre los jueces, ha sido cuestionada entre los académicos. Los críticos sostienen que el textualismo le da demasiada importancia al texto y subestima otras pruebas para interpretar las normas que surgen del proceso de creación de leyes. Los críticos argumentan que los textualistas se comportan de forma selectiva, apegándose al texto cuando no tienen la voluntad de basarse en evidencia extrínseca. Sostienen que, aunque el textualismo trabaje en casos de interpretación de leyes, simplemente no puede funcionar para una Constitución vieja, que usa vocabulario amplio y que es difícil de modificar; y por eso es que los textualistas necesitan actuar inconsistentemente cuando tratan casos de interpretación de leyes y constitucionales. Este dialogo examinará y pretenderá dar una respuesta a algunas de las preguntas más comunes que plantea este debate.

Universidad Torcuato Di Tella