El artículo expone el modelo normativo de protección a la familia y a la infancia establecido en los ordenamientos jurídicos chileno y español. Si bien es cierto que ambos ordenamientos encomiendan de manera preferente a los progenitores la obligación de prestar determinadas funciones encaminadas a dar efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores de edad; no es menos cierto que la separación entre lo público y lo privado cada vez se encuentra más difuminada y las responsabilidades más compartidas entre la familia y los poderes públicos. Efectivamente, esa tensión permanente que viven lo privado y lo público debe traducirse en una clara delimitación de su ámbito de afectación, para evitar una excesiva intromisión del Estado en los espacios vivenciales propios de las familias.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso