El régimen político colombiano se mueve entre una institucionalidad que proclama el Estado social de derecho y la democracia participativa, y un conflicto armado que lo lleva hacia formas propias del Estado autoritario, en medio de las estrategias bélicas del gobierno y los grupos guerrilleros. Sin embargo, entre la institucionalidad adoptada mediante la Constitución de 1991 y las tendencias hacia el Estado autoritario no sólo hay tensiones y conflictos, sino complementariedades que se retroalimentan y que hunden sus raíces en la deficiencias de un mínimo consenso nacional para construir una paz sostenible y una democracia que respondan a las eticidades colombianas.

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