The projection of outsourcing strategies on the international level poses numerous and major challenges about protection of workers. The proliferation of global supply chains whose final links are found in developing countries demands answers of an international character that fill the gaps of internal rules. Answers such as international rules or soft law tools —notably of the ILO— or private tools —codes of conduct— or through the involvement of social partners —international framework agreements—. Taking into account the intrinsic limitations of internal law, we will proceed to the weighting of the effectiveness of international tools —heteronomous and autonomous— for the purpose of the recognition and the guarantee of basic labor rights to workers who are on the periphery of the production processes, often in countries without minimally effective control and regulatory systems.La proyección a nivel internacional de las estrategias empresariales de subcontratación plantea numerosos y destacados retos en términos de protección de los trabajadores. La proliferación de cadenas mundiales de suministro cuyos últimos eslabones se hallan en Estados en vía de desarrollo exige respuestas de carácter internacional que colmen las carencias de normativas internas, laborales y sociales, aun embrionarias. Respuestas a modo de normas internacionales o herramientas de softlaw —señaladamente, de la OIT— o de instrumentos privados —códigos de conducta o de buenas prácticas— o con implicación de interlocutores sociales —acuerdos marco internacionales—. Habida cuenta de las limitaciones intrínsecas de los derechos internos —cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al territorio del Estado correspondiente—, se procede a la ponderación de la eficacia de dichos instrumentos internacionales —heterónomos y autónomos— a efectos de reconocimiento y garantía de derechos laborales básicos a los trabajadores que se hallan en la periferia del proceso productivo, a menudo en Estados carentes de sistemas reguladores y de control mínimamente solventes.

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas