La evidencia disponible sugiere que nuestro mecanismo constitucional de indemnización por errores judiciales y la norma de responsabilidad por actuaciones del Ministerio Público son sumamente restrictivos, lo que dejaría desprotegidas a las víctimas de estos errores. Producto de esto se han presentado varios proyectos de reforma constitucional al artículo 19 nº 7 letra i) que involucrarían también cambios al estatuto de responsabilidad del Ministerio Público. En este contexto, el presente trabajo intenta contribuir a alimentar un debate más informado sobre la futura regulación de esta materia revisando la existente en algunas experiencias del derecho comparado (casos de España, Alemania y Holanda) sobre compensación por privaciones de libertad erróneas. A partir de éstas se concluye que existen importantes espacios de mejora en Chile con el propósito de dar una cobertura más amplia a la protección de las víctimas de estos errores.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso