The constitutionalism of second postwar period has incorporated the idea of dignity of human persons like a premise of the modern democratic state. In Spain it has to do with a notion closely tie to fundamental rights which they try to integrate and to ponder it with diverse juridical matters constitutionally guaranteed. As a result, a series of old dilemmas related to the life and the physical integrity of the people, the honor, the privacy and other legal goods, has taken place, dilemmas before which the Spanish Constitutional Court has had to face. Whenever the jurisdictional organ uses the notion of dignity of the person recognized in article 10,1 of the Spanish Constitution, it is made to decide the reach of certain fundamental rights; to solve a conflict related to their ownership, or it is mentioned as source of new rights non recognized in the Constitution, no matter if it is worth like independent ratio decidendi of its decisions, but being a constitutional value and, therefore, having the effectiveness of this type of acts.El constitucionalismo de la segunda post-guerra ha incorporado la idea de dignidad de la persona humana como una premisa del Estado democrático moderno. En España, se trata de una noción que está vinculada a los derechos fundamentales que procuran integrarla y ponderarla con los diversos bienes jurídicos garantizados en la carta fundamental. Producto de esta intrínseca relación, ha tenido lugar varios dilemas relacionados con la vida y la integridad física de las personas, el honor, la intimidad y otros bienes que constituyen disyuntivas ante las cuales el Tribunal Constitucional español se ha tenido que enfrentar. Siempre que el órgano jurisdiccional utiliza la noción dignidad de la persona, reconocida en el artículo 10.1 de la carta magna española, lo hace para definir el alcance de determinados derechos fundamentales, resolver un conflicto relacionado con la titularidad de éstos, o la invoca como fuente de nuevos derechos no reconocidos en el texto fundamental, sin el propósito de hacerla valer como ratio decidendi autónoma e independiente de sus decisiones, lo que no implica falta de eficacia ni trascendencia pues se trata de un valor constitucional dotado de la eficacia propia de este tipo de normas.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mèxico