La incorporación en la reforma constitucional de 1994 de diversos institutos y mecanismos tendientes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales en los diferentes sectores de la sociedad otorgan a nuestro sistema constitucional un claro cariz social y democrático. En este sistema, las acciones positivas resultan imprescindibles para transformar la retórica del derecho internacional de derechos humanos en normas que garanticen su cumplimiento. Sin embargo, puede ocurrir que quienes tienen la responsabilidad constitucional de realizarlas no lo hagan, pudiendo tornarse tal inacción en una “omisión normativa inconstitucional”. Ante esta situación, es importante que la jurisdicción constitucional, en especial nuestro máximo tribunal, asuma un rol protagónico, mostrando los caminos a seguir y dando certeza a toda la comunidad. En esta línea, desde hace tiempo que nuestra Corte, con sus distintas integraciones, viene delineando su posición respecto de la vigencia de los derechos sociales, lo que ha generado cambios en las instituciones, leyes, en el propio funcionamiento de la jurisdicción y en los comportamientos y los valores de la sociedad. La idea de este trabajo es analizar cómo nuestra Corte federal ha actuado como agente de cambio en materia de derechos previsionales. Para ello se analizarán diversos fallos emblemáticos que han tenido repercusión no solo en la sustancia del derecho, sino en los procedimientos judiciales para hacerlos efectivos.

Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés