Political parties fulfill the fundamental task of consolidating democratic systems. As a result, the financing of political parties has become a necessity in modern states. Internationally, different models of financing are observed: public, private, and mixed. All these systems carry risks of corruption and can undermine the functioning of democratic systems. The objective of this study is to analyze the issue of illegal financing of political parties and the legitimacy of using criminal law to address it. Methodologically, this work is based on an analysis of legislation and specialized literature. The relevance of this research lies in demonstrating the insufficiency of administrative regulation to address improper financing practices and in proposing the intervention of criminal law to penalize this offense. As a result of the investigation, it is concluded that the intervention of criminal law is legitimate due to the inadequacy of administrative regulation, the autonomy of the protected legal interest, and the impossibility of addressing improper financing practices through other criminal offenses.Los partidos políticos cumplen la tarea fundamental de consolidar los sistemas democráticos. Debido a ello, en los Estados modernos el financiamiento de los partidos políticos se torna necesario. En el plano internacional se observa la adopción de distintos modelos de financiamiento: público, privado y mixto. Todos estos sistemas suponen riesgos de corrupción y afectación del funcionamiento del sistema democrático. El objetivo del presente trabajo es analizar la problemática del financiamiento ilegal de los partidos políticos y la legitimidad de la intervención del derecho penal para hacerle frente. Metodológicamente, este documento constituye una investigación de las legislaciones y la literatura especializada. La relevancia de esta investigación es haber evidenciado la insuficiencia de la regulación administrativa para hacer frente a las prácticas de financiamiento indebido y proponer la intervención del derecho penal para la sanción de este delito. Como resultado de la investigación se concluye que la intervención del derecho penal es legítima, debido a la insuficiencia de la regulación administrativa, la autonomía del bien jurídico protegido y a la imposibilidad de abarcar las conductas de financiamiento indebido a través de otros tipos penales.

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas