In contemporary States, it is necessary to ensure that society has the right legal tools to be involved in the care of natural resources. In Mexico, the “denuncia popular” (popular denunciation) is the legal figure to do so. Therefore, the purpose of this article is to determine if it “popular denunciation” is an effective tool to involve the civil society in the care of natural resources, by considering that society as a whole can denounce and evidence the crimes committed by individuals, or even the State itself, to the environment. This article is based on information gathered from legal cases litigated before the Commission for Environmental Cooperation (CEC) about three cases related to illegal logging in the Sierra Tarahumara that were denounced by civil society organizations arguing that the Mexican State is not complying its own environmental normativity. The authors reflect that the civil society requirement that the State complies its legal mandates, does not have enough echo, which puts at risk their right to have a healthy environment. Therefore, the authors offer a brief analysis of the actions of the Federal Attor- ney for Environmental Protection (Profepa) by considering the legal figure of the “po pular denunciation”, in order to present a series of recommendations. In summary, this article reviewshe (in)effectiveness of the t“popular denunciation” as a legal tool available to people, to ensure that the State fulfills its responsibility to ensure a healthy environment for the society, as a whole.En los Estados contemporáneos es necesario que la sociedad tenga las herramientas adecuadas para involucrarse en el cuidado de los recursos naturales. En México se cuenta con la “denuncia popular”, y los autores hacen un análisis para determinar si es una herramienta efectiva para involucrar a los gobernados en el cuidado de los recursos naturales o no, considerando que con la denuncia popular la sociedad en su conjunto puede evidenciar los excesos y delitos que están cometiendo al ambiente tanto particulares como el propio Estado. Para ello, se basan en la información recopilada en un expediente de hechos que se integró ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), sobre tres casos relacionados con tala ilegal en la sierra tarahumara. Dicho informe se integró debido a la denuncia de organizaciones de la sociedad civil, en las que señalan que el Estado mexicano no está cumpliendo con su normatividad en materia ambiental. La exigencia de la ciudadanía por autoridades que cumplan con sus mandatos legales no tiene el eco suficiente, y eso pone en riesgo su derecho a contar con un medio ambiente sano. Los autores aprovechan el tema de la denuncia popular para hacer un somero análisis del actuar de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y dejar algunas conclusiones, que bien se podrían tomar como recomendaciones. Por lo que este texto presenta un estudio de la (in)efectividad de la denuncia popular como un instrumento jurídico a disposición de las personas, para asegurarse de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar un ambiente sano a sus gobernados

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas