Las posibilidades de acatar las medidas para controlar la circulación del COVID-19 impactaron de modo diferencial entre los distintos sectores sociales, incrementando desigualdades pre-existentes. Datos recientes demuestran que una de las poblaciones más fuertemente afectadas fueron las personas privadas de libertad, que vieron aún más restringidas sus actividades laborales, educativas y recreativas. Por su parte, las restricciones en el acceso a las visitas no sólo implicaron mayores dificultades para establecer contacto con sus seres queridos, sino también una disminución en el acceso a bienes elementales. Si bien Uruguay se caracterizó por la aparición relativamente tardía del COVID en cárceles, las medidas restrictivas afectaron fuertemente desde el inicio de la pandemia al régimen de vida en el encierro. Por otro lado, una vez que aparecieron los primeros casos, la expansión del virus fue extremadamente rápida. En este contexto, las problemáticas sufridas por la población reclusa se vieron alteradas (tanto en el tipo, como en la magnitud) en relación a las enfrentadas previamente. El objetivo de este artículo consiste en analizar los cambios y continuidades en los niveles de vulneración de derechos dentro de las prisiones en Uruguay comparando datos correspondientes a los meses de enero-abril de 2019 en contraste con el mismo período del año 2021. Este análisis comparativo se sustenta sobre el Registro de Planteos y Denuncias elaborado por la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Con el fin de retratar la situación penitenciaria durante dichos períodos de forma integral, se combinan metodologías cuantitativas (procesamiento descriptivo bivariado de la información) así como cualitativos (análisis de fragmentos de denuncias).

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires