The paper analyzes electoral crimes in Mexico and the performance by the Office of the Special Prosecutor of Electoral Crimes (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE) during the period between 2000 and 2012. During this time, the institution could not fulfill its purpose, the sanctions imposed against electoral offenders were minimal and its role was secondary to that of IFE and the Electoral Tribunal. The FEPADE lacks an adequate legal framework, its budget is insufficient and it also lacks institutional autonomy. To make things more difficult, proving an electoral crime is a complex task since vote buying, coercion and vote rigging are behaviors that are done in secret. These events are rarely reported and, in many cases, the voter accepts the offer by the offender because the voter receives a financial reward or a payment in kind. The occurrence of these actions is comparable to having a detrimental effect on the diffuse interests and collective rights of citizens. They irreversibly taint the elections and lie within the responsibilities assigned to FEPADE. At the end of the article we examine some potentially viable proposals for more effective electoral law enforcement in Mexico.El artículo hace un análisis de los delitos electorales en México y del desempeño de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) durante el periodo 2000 al 2012. En este lapso la institución no ha podido legitimar su ejercicio, son mínimas las sanciones que impone a los delincuentes electorales y su papel es secundario en comparación con el IFE y el TEPJF. La FEPADE carece de un marco legal adecuado, un presupuesto suficiente y no cuenta con autonomía institucional. Además el demostrar la comisión de un delito electoral es una tarea compleja, la compra, coacción y manipulación del voto son conductas que se realizan en la clandestinidad, casi no se denuncian y en muchos casos el votante acepta la oferta del partido porque obtiene un beneficio económico o en especie. Esta acción que es equiparable a una afectación directa a los derechos difusos y colectivos de los ciudadanos, genera un daño irreparable a las elecciones y es parte de la responsabilidad que tutela la FEPADE. Al final del artículo se reflexiona sobre algunas propuestas que podrían ser viables para hacer más efectiva la procuración de justicia penal electoral en México.

Instituto de Investigaciones Jurídicas