El presente artículo persigue demostrar cómo el reconocimiento, a través de la reforma constitucional argentina de 1994, de jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se ha conformado como una importante garantía para la protección y justiciabilidad de los derechos sociales en el país. A partir del análisis de la Constitución argentina de 1994, de la recepción que ésta hace del PIDESC y de casos asociados a ello, el artículo demuestra la conexión entre la jerarquía constitucional del PIDESC y la justiciabilidad de los derechos sociales.

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