EL CONTROL de la constitucionalidad de leyes ha adquirido, con el paso del tiempo, un lugar preponderante dentro de la realidad del Estado. Ya en 1928, Kelsen señalaba que si la esencia de la democracia ya no reside en la omnipotencia de la mayoría, sino en el continuo compromiso entre las partes que la mayoría y la minoría representan en elparlamento, la justicia constitucional se presenta como el instrumento idóneo para llevar a cabo esta idea.1 Por ello, el control de la constitucionalidad de leyes, cuyo fin último es y será siempre dotar de estabilidad a la Constitución para lograr la paz social, es un instrumento fundamentalen la dinámica de las instituciones.Para lograr los fines que la Constitución establece, se hace necesario instituir una serie de mecanismos que puedan controlar la esfera de la política a la luz del parámetro constitucional y de imponer a todos los poderes públicos el respeto de las normas, principios y valores contenidosen la Constitución y que conforman el fundamento de la sociedad y del Estado. Estos mecanismos, pueden tener una gran cantidad de variantes aplicativas que se ordenan en direcciones diversas en razón de las particularidades de cada Estado.En nuestro sistema jurídico, el control de la constitucionalidad de leyes en materia electoral, después de la reforma constitucional de 1996 en que el Tribunal Federal Electoral se convirtió en un órgano integrante del Poder Judicial de la Federación, adquirió ciertas características que debentomarse en cuenta. Y es que con esta reforma, se estableció en la Constitución que el Tribunal Electoral es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.Después de esta reforma, en la que se instituyó el control abstracto de la constitucionalidad de leyes (incluidas las electorales) a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el control de la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales a cargo del Tribunal Electoral, una de las mayores interrogantes que se formularon sobre el control de la constitucionalidad de leyes electorales, fue la relativa a la competencia de este último para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de normas secundarias en las que se funda el acto de autoridad controvertido.

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