En la actualidad, se han privilegiado los ordenamientos jurídicos de corte acusatorio que incorporan reglas de exclusión de aquellas pruebas que se obtienen con violación de los derechos fundamentales, a diferencia de los modelos penales inquisitivos considerados incompatibles con el Estado de Derecho. No obstante, desde el punto de vista de los autores, el sistema jurídico mexicano frecuentemente privilegia el subsanar, convalidar o soslayar los errores de las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos, por encima de los derechos y garantías procesales que la Constitución otorga a todo indiciado. Lo anterior debido al aparente dilema que sostiene que en ocasiones para garantizar la seguridad es necesario doblegar ciertos derechos. Esta idea es falsa, pues la mayor garantía de seguridad para la sociedad se funda en el reconocimiento constitucional del Estado de Derecho y las garantías procesales que lo configuran.

Faculty of Law of National Autonomous University of Mexico