El artículo analiza el marco reglamentario que se ha dado a las jurisdicciones indígenas en las entidades federativas. El estudio se centra en las disposiciones relativas a la justicia penal: si se reconoce competencia en materia penal a las autoridades indígenas y en qué casos. Con la premisa de que los pueblos y comunidades indígenas tienen un derecho colectivo a la jurisdicción propia reconocido a nivel constitucional, se concluye que las legislaciones estatales resultan en su mayoría restrictivas de ese derecho e incumplen el propósito de coordinar y armonizar las jurisdicciones indígenas con la justicia estatal.

Faculty of Law of National Autonomous University of Mexico