A pesar de la masiva proliferación de servicios educativos con relación a la carrera de Derecho, en México no existe un programa organizado respecto a la enseñanza jurídica, ni un decálogo deontológico compartido y único al cual ceñir y obligar la conducta del profesional del derecho. Tampoco existen procedimientos disciplinarios sancionatorios aplicables por mala praxis jurídica. Es aquí donde vale la pena plantearse si la existencia de lineamientos restrictivos, como la colegiación obligatoria, resultan una buena alternativa para regular adecuadamente la responsabilidad social de los abogados.

Faculty of Law of National Autonomous University of Mexico