El conflicto armado que ha padecido Colombia ha generado sufrimiento y en él se han cometido graves violaciones de los derechos humanos. Por ello, es loable que se busque poner fin al enfrentamiento con las FARC. Los negociadores han intentado revestir de legitimidad a lo acordado y han desplegado distintas estrategias para obtener respaldo frente al mismo. Dicho esto, los acuerdos no pueden desconocer el derecho imperativo y un estándar mínimo de no impunidad. Según él, si bien es posible tener cierto margen de flexibilidad en relación con la naturaleza de las penas que vayan a imponerse a los responsables de la comisión de abusos graves, se exige un mínimo de correspondencia o proporcionalidad entre la pena y la gravedad de la violación cometida; y se prohíben no sólo las amnistías formalmente reconocidas como tales sino incluso otras medidas que tengan distintas denominaciones, pero tengan la intención o el efecto de dar impunidad. El acuerdo con las FARC deja ciertas dudas al respecto, y si ellas no son resueltas la propia estabilidad de lo acordado estará en riesgo.

Universidad Torcuato Di Tella