En el presente artículo se realiza un examen de la facultad discrecional que el Código Procesal Penal Federal le confiere a los fiscales para inhibir la persecución de delitos por falta de afectación del interés público. Esta facultad es analizada desde tres perspectivas, a saber, liberal, republicana y democrática. Esta última revela un serio problema de legitimidad. Para subsanar este problema, el argumento que desarrolla el artículo se basa en la necesidad de incrementar la participación ciudadana en este ámbito. A su vez, esta propuesta sugiere contornos relevantes para el control judicial de la discrecionalidad fiscal.

Universidad Torcuato Di Tella