The constitutional and legal configuration of education in Cuba, being exclusively provided by the State, and with the incontrovertible administrative decisions in this matter, is more oriented to a sovereign public function of the State than to a public service in the legal sense of the term. The lack of guarantees, such as the direct effectiveness and binding of all public “powers”, the reservation of law, the legislative unavailability for regression, the essential or minimum untouchable content, and effective judicial protection, constitute serious limitations to consider the education in Cuba as a fundamental right, in light of this theory. This legislative situation can place the holders of the right in positions of vulnerability to possible violations arising from administrative arbitrariness or legislative setbacks.La configuración constitucional y legal de la educación en Cuba, a partir de su prestación exclusiva y excluyente por el Estado, y de lo incontrovertible de las decisiones administrativas en esta materia, se orienta más a una función pública soberana del Estado que a un servicio público en el sentido técnico jurídico del término. La falta de garantías, como la eficacia directa y vinculación de todos los “poderes” públicos, la reserva de ley, la indisponibilidad legislativa para la regresión, el contenido esencial o mínimo intocable, y la tutela judicial efectiva, constituyen serias limitaciones para considerar la educación en Cuba como un derecho fundamental, a la luz de esta teoría. Esta situación legislativa puede ubicar a los titulares del derecho en posiciones de desprotección ante posibles vulneraciones emanadas de arbitrariedades administrativas o de retrocesos legislativos.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mèxico