In the present work the author provides a prospect of the main criteria emitted by the National Supreme Court of Justice and the Electoral Court of the Federal Judiciary in their task of giving electoral constitutional justice in Mexico, the first one, through the unconstitutionality actions that are raised to it and, the second one, by the diverse impugnation ways resolutions which it knows, emphasizing the guarantee effect function that these institutions have been fulfilling since the significant constitutional reform in electoral matter of August 1996. In this sense, both constitutional courts have contributed to guarantee the effectiveness of the democratic and constitutional Rule of Law, which demands the celebration of free, authentic and periodic elections, strictly attached to the Constitution and the law, in benefit of the fundamental political-electoral rights of the citizens, as well as the constitutional and legal principles to which federal and local electoral authorities and activities invariably must obey, as well as the political parties.En el presente trabajo el autor proporciona un panorama sobre los principales criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su tarea de impartir justicia constitucional electoral en México, la primera, a través de las acciones de inconstitucionalidad que le son planteadas, y el segundo, mediante la resolución de los diversos medios de impugnación de los que conoce, destacándose al efecto la función garantista que han venido desempeñando dichas instituciones desde la trascendente reforma constitucional en materia electoral de agosto de 1996. En este sentido, ambos tribunales constitucionales han contribuido a garantizar la vigencia del Estado constitucional democrático de derecho, el cual exige la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, estrictamente apegadas a la Constitución y a la ley, en beneficio de los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos, así como de los principios de constitucionalidad y legalidad a los que deben sujetarse invariablemente las leyes y los actos de las autoridades electorales federales y locales, así como de los partidos políticos.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mèxico