This article analyzes the constitutional controversy in Peru regarding the competence of the administrative labor authorities in resolving labor disputes. Article 232 of the Constitution establishes that the justice administration is the exclusive competence of courts and tribunals, which has led to questioning the legitimacy of the administrative labor authorities to resolve labor disputes. In this context, three positions are developed: the incompetence of the labor authorities, the validity of their resolutions without the guarantee of res judicata, and the arbitral jurisdiction as an alternative. The author also examines Legislative Decree No. 140 and Supreme Decree No. 003-83-TR, which grant quasi-judicial powers to labor inspectors, which could constitute an invasion of jurisdictional matters. In view of this, he suggests that the Labor Court should assume competence in labor disputes, ensuring the impartiality and constitutionality of the processes. Along these lines, the author proposes a restructuring of the justice system to strengthen this jurisdiction and limit the judicial powers of inspectors, so as to preserve the specialty of Labor Procedural Law and overcome the problems of congestion and delays in rulings.El presente artículo analiza la controversia constitucional en Perú sobre la competencia de las autoridades administrativas de trabajo para resolver conflictos laborales. El artículo 232 de la Constitución establece que la administración de justicia es competencia exclusiva de juzgados y tribunales, lo cual ha llevado a cuestionar la legitimidad de las autoridades administrativas de trabajo para resolver conflictos laborales. En ese contexto, se desarrollan tres posturas: la incompetencia de las autoridades de trabajo, la validez de sus resoluciones sin la garantía de cosa juzgada y la jurisdicción arbitral como alternativa. El autor también examina el Decreto Legislativo N° 140 y el Decreto Supremo N° 003-83-TR, los cuales otorgan facultades cuasi jurisdiccionales a los inspectores de trabajo, que podría constituir una invasión a las materias jurisdiccionales. Ante ello, sugiere que el Fuero Privativo de Trabajo asuma la competencia en conflictos laborales, garantizando la imparcialidad y la constitucionalidad de los procesos. En esa línea, el autor propone una reestructuración del sistema de justicia que fortalezca este Fuero y limite las facultades jurisdiccionales de los inspectores, de manera que se preserve la especialidad del Derecho Procesal del Trabajo y se superen los problemas de congestión y retraso en los fallos.

Pontificia Universidad Católica del Perú